Numerosos medios de comunicación informan acerca de la aprobación y entrada en vigor de la nueva Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros, que se supone que conlleva la modernización de los mercados financieros, al tiempo que refuerza la protección al inversor, mejora las potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y fomenta la cooperación entre los distintos supervisores de la Unión Europea.

Si hay algo que da que pensar es, desde mi punto de vista, todo lo relativo a la defensa del inversor y más en concreto en relación al papel que juegan las entidades financieras. En teoría sus comunicaciones deben ser «imparciales, claras y no engañosas, para que los clientes comprendan la naturaleza y riesgos del servicio o producto, así como sus gastos». Asimismo, deben «prevenir y controlar con procedimientos desarrollados a tal efecto, posibles conflictos entre los intereses de las entidades que prestan los servicios de inversión y los intereses de sus clientes. Además, las entidades deberán establecer y aplicar procedimientos para ejecutar órdenes de los clientes de forma rápida y precisa y siempre en las condiciones más ventajosas para éstos».

Y yo me pregunto con inocencia… ¿sería acaso que algunas de las conductas de estas entidades se alejan de estos parámetros? Y, de ser así, ¿por qué no se han tomado medidas al respecto?

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